La diputada provincial del PP Soledad Martínez ha mostrado la preocupación del grupo popular ante “el caos en la gestión” de las residencias Rodríguez Penalva, La Milagrosa o Reina Sofía, todas ellas de titularidad provincial. A juicio de diputada, “las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, y la organización dichos centros, acordadas entre la Diputación y las fuerzas sindicales de la misma en junio de 2016, no sólo no han mejorado la situación de los mismos, sino que ésta ha empeorado”.

Martínez ha recordado que “el PP ya advirtió en su momento de que las propuestas llevadas a cabo no solucionarían los problemas existentes en los centros”. Ahora, algo más de un año y medio después, los populares afirman que, “tras las modificaciones en la RPT, el servicio prestado en las residencias y las condiciones laborales de los trabajadores han empeorado”.

La diputada provincial ha declarado además que “a finales de diciembre hemos conocido una resolución en la que se reconocen más de 100.000 euros de abono de horas extras, doblajes, asuntos propios” un hecho que, a su juicio, “evidencia el mal funcionamiento y la nefasta planificación del servicio por parte del diputado responsable”.

Soledad Martínez ha afirmado que según la información de la que dispone su grupo “los trabajadores han visto cómo se han reducido las contrataciones del personal, cómo determinados turnos no se han cubierto con las ratios necesarias, ocasionando que hayan tenido que renunciar a días de vacaciones, a asuntos propios o doblar turnos, por no haber personal suficiente para prestar la atención sociosanitaria exigida”.

La diputada provincial también ha relatado que “hay falta de coordinación en la toma de decisiones, falta de planificación, de estrategia y los problemas se han agravado”.  Todo ello se ha traducido en que “hay menos contratos” y la provincia de Granada “no puede permitirse estar renunciando a la generación de empleo”.

Martínez ha mostrado su desconfianza porque “parece que, con el nuevo organigrama aprobado por el equipo de gobierno de la Diputación, en vez de mejorar la calidad de los centros residenciales, lo que se buscaban es cambiar a unas personas por otras atendiendo a afinidades”. En este sentido ha mencionado “la creación de una dirección general de los centros sociales, retribuida con 60.000 euros, cuando todo el mundo sabía quién iba a estar al frente”.

Además, también ha declarado que “es la primera vez que se produce un abono porque el propio convenio colectivo establece que, en caso de necesidad del servicio, las horas extras siempre serán compensadas en descanso”. Por ello ha afirmado no comprender “como un liberado sindical, perteneciente a la fuerza mayoritaria que ha estado impulsando la modificación de la RPT, lejos de defender los descansos de los trabajadores, ha percibido 3.045 euros”, es decir, “ha trabajado 37 días más de lo que le correspondía”.

Por esta razón, Martínez ha criticado que “lejos de exigir a la administración que cumpla con sus obligaciones, son cómplices y se prestan a realizar esas jornadas dobles y a cubrir la nefasta gestión del equipo socialista en la Diputación”. La diputada provincial ha considerado esta actitud “poco ética”, puesto que “deberían defender a los compañeros” ante lo que ha considerado un “abuso” por parte de la Diputación, generando también un daño colateral “a otras personas que necesitan tener un acceso a un empleo”.

Estos hechos también provocan dudas en el grupo popular. “Parece que detrás de todo ello hubiera una estrategia para hacer que los centros sociales no funcionen”, continuó la diputada del PP mostrando sus sospechas sobre que “estén buscando la excusa perfecta para proponer en un futuro una privatización”.

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