La semana que ha vivido el equipo de gobierno con el asunto de la piscina cubierta bien podría resumirse en el refrán popular «han ido a por la lana y ha salido trasquilados». Contradicciones, acusaciones falsas, manipulación informativa, todo es poco para definir los acontecimientos que se han vivido esta semana y que parece esconder una única realidad: el equipo de gobierno es incapaz de afrontar la apertura de la piscina cubierta.

De esta forma el miércoles el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez Vidal, informaba que el pasado 25 de enero se recibía en el consistorio accitano una resolución de la consejería de Turismo y Deporte en la que se notifica al Ayuntamiento que tiene que devolver casi 300.000 euros (218.750 euros y 49.542’60 euros por intereses de demora) correspondientes al dinero que recibió de la Junta como anticipo sobre una subvención de 1.750.000 euros sobre la que también se perdió el derecho y que estaba condicionada a redactar el proyecto, realizar el acta de inicio y empezar la construcción. “Todo ello porque en 2012, 2013 y 2014, que no gobernábamos nosotros, no se cumplieron los plazos requeridos”, ha apuntado.

Lo que no dijo el portavoz es que esa cantidad ya había sido requerida al Ayuntamiento de Guadix en 2014 y tras recurrir el entonces gobierno del Partido Popular a la vía judicial, el 20 de junio de 2018 el tribunal dictó una sentencia favorable al Ayuntamiento que eximía de pagar esta cantidad.

Y es que resulta que, el 4 de diciembre de 2018, curiosamente tras el batacazo electoral de Susana Díaz, la Junta de Andalucía aún gobernada por el PSOE  inicia de nuevo el expediente para intentar que se devuelva ese dinero, algo que notifica al Ayuntamiento de Guadix el 10 de diciembre de 2018 y le da un plazo para presentar alegaciones, algo que el equipo de gobierno no hace y por tanto el expediente sigue su curso.

Pues bien este viernes ha comparecido la alcaldesa de Guadix para dar explicaciones sobre este tema. Unas explicaciones plagadas de incongruencias y que desdicen lo que dos días antes aseguraba su portavoz municipal. Resulta que aún hay tiempo para presentar un recurso, alegando los mismos argumentos que en su momento alegó el Partido Popular y la justicia le dio la razón. Pero preguntada porque no presentó alegaciones en su momento, su respuesta ha sido que «se traspapeló la resolución». Y ya está. «Se traspapeló la resolución», ¿a quién señala, a los trabajadores del Ayuntamiento?. Vean el vídeo y juzguen ustedes.

 

Pero aún hay más, cuando se le pregunta que, al margen de polémicas, si tienen redactado el pliego de condiciones para la licitación de la piscina, dice que sí, pero que no es capaz de dar una fecha de apertura, es más, dice que es posible que no ocurra esta legislatura.

Durante toda la intervención de la alcaldesa lo único que intenta es desviar la atención, repartiendo golpes a diestro y siniestro para ocultar lo que ha quedado más que claro esta semana: la incompetencia de un equipo de gobierno al que se le «traspapelan» resoluciones que pueden obligar a pagar al Ayuntamiento de Guadix casi 300.000 euros. Surrealista.

Por Antonio Pérez

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